Despedirán a funcionarios que abusen de ciudadanos
Ixtapaluca
Edgar Juárez Galicia
Ixtapaluca, Méx.- Tras varias quejas de la ciudadanía, la Contraloría municipal de Ixtapaluca iniciará procedimientos administrativos e incluso el despido de aquellos servidores públicos que cometan abuso de poder, extorsión u otra irregularidad contra la población.
Indicó el director de Desarrollo Urbano y Ecología del ayuntamiento, Guillermo Sánchez García.
El funcionario explicó que esta dependencia no permitirá que inspectores de cualquier área traten de sorprender a la gente, debido a que se han recibido quejas contra supuestos servidores públicos de la administración que están engañando a los habitantes y abusan de la confianza de las personas.
Al respecto, “habrá sanciones contra aquellos burócratas que busquen el beneficio personal, debido a que están para atender a la población y no servirse de ellos; esta acción se debe a las quejas ciudadanas en contra de un grupo de supuestos inspectores que sorprenden a la población al aplicar sanciones y multas”, afirmó Sánchez García.
La denuncia contra supuestos inspectores de diversas áreas de la administración es porque exigen dinero para no levantar notificación o multa alguna, y en estos casos el ayuntamiento de Ixtapaluca pide a la población en general poner su queja ante la Contraloría municipal, Dirección de Seguridad Pública o dependencia involucrada para actuar en contra de los malos funcionarios.
En cuanto a los presuntos funcionarios que cometen actos indebidos contra la ciudadanía, la autoridad competente ha instrumentado un operativo en su búsqueda en las zonas donde han sido denunciados, así como en lugares donde hay nuevas construcciones, pues son los sitios donde tratan de sorprender a la gente.
Copyright Diario de Mexico
Indicó el director de Desarrollo Urbano y Ecología del ayuntamiento, Guillermo Sánchez García.
El funcionario explicó que esta dependencia no permitirá que inspectores de cualquier área traten de sorprender a la gente, debido a que se han recibido quejas contra supuestos servidores públicos de la administración que están engañando a los habitantes y abusan de la confianza de las personas.
Al respecto, “habrá sanciones contra aquellos burócratas que busquen el beneficio personal, debido a que están para atender a la población y no servirse de ellos; esta acción se debe a las quejas ciudadanas en contra de un grupo de supuestos inspectores que sorprenden a la población al aplicar sanciones y multas”, afirmó Sánchez García.
La denuncia contra supuestos inspectores de diversas áreas de la administración es porque exigen dinero para no levantar notificación o multa alguna, y en estos casos el ayuntamiento de Ixtapaluca pide a la población en general poner su queja ante la Contraloría municipal, Dirección de Seguridad Pública o dependencia involucrada para actuar en contra de los malos funcionarios.
En cuanto a los presuntos funcionarios que cometen actos indebidos contra la ciudadanía, la autoridad competente ha instrumentado un operativo en su búsqueda en las zonas donde han sido denunciados, así como en lugares donde hay nuevas construcciones, pues son los sitios donde tratan de sorprender a la gente.
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A través de la presente declaración quiero denunciar los hechos ocurridos el lunes 28 de enero del 2008 en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, donde elementos de seguridad municipal anónimos y en complicidad con el juez Lic. Fernando Reyes del mencionado municipio, me privaron de mi libertad por un lapso de casi 20 horas, a través de un trato indignante, altisonante y carente de garantías, a cambio de la cantidad de mil pesos mexicanos, imputando en mí una sanción administrativa producto del abuso de autoridad y la arbitrariedad de servidores públicos, quienes por medio de la intimidación, la calumnia, la falsedad y la omisión de información y pruebas, atentaron contra mis derechos civiles y mis garantías constitucionales.
Los hechos se desarrollaron de la siguiente manera:
El día lunes 28 de enero, alrededor de las 20 horas, me encontraba haciendo uso de los servicios sanitarios del establecimiento Comercial Mexicana sucursal Acozac, ubicado en el municipio de Ixtapaluca. Me disponía a realizar alguna compra con el objetivo de obtener monedas fraccionarias como cambio y hacer uso del transporte que me llevaría a la colonia Tlayehuale, lugar donde se ubica mi residencia. Un elemento de seguridad municipal entró al sanitario presuntamente a hacer sus necesidades y comenzó a intimidarme con la mirada hasta el punto de dirigir su mirada a mis genitales, como respuesta a su morbo, acomodé mi cremallera y me dispuse a lavarme las manos, ya que además había estado trabajando parte de la tarde en actividades de construcción y mi aspecto era un tanto descuidado; el policía municipal me siguió en el momento que yo salía del baño a realizar mi compra, empezó a acosarme e intimidarme verbalmente, alzando la voz y obligándome con palabras altisonantes a que lo siguiera a un lugar cercano donde estaba estacionada su patrulla y donde lo esperaba un compañero, casi en la entrada del establecimiento comercial. En todo momento intenté evadir las insinuaciones de esta persona que me provocaba con preguntas y con una actitud innecesariamente altanera y humillante.
Sin informarme por qué retenía mi tránsito, el policía que me sacó de la Comercial Mexicana insinuó a su compañero que yo me exhibía soezmente en el baño y que casualmente me había descubierto, posteriormente y sin que yo lo supiera cambiaría esta declaración; así pues, intentaron persuadirme para “arreglarme con ellos” de alguna manera, y al negarme a sus presiones de soborno, me amenazaron con groserías diciendo que me llevarían detenido por “manosearme en público” y para que un médico me realizara un “examen de fluidos” y así comprobar su acusación falsa.
En contra de mi voluntad me trasladaron al Palacio Municipal, sin pruebas ni delito que perseguir, y en consecuencia a no ceder a la extorsión, fui despojado temporalmente de mis pertenencias y presionado a firmar su resguardo a través de un trato humillante y burlón, luego recluido en una galera maloliente sin saber cuál era mi situación y de qué falta administrativa se me acusaba, sin que nadie me informara de mi situación legal, y sin atender mis solicitudes de información.
Cinco horas después de mi detención arbitraria y aún en cautiverio, me permitieron realizar una llamada telefónica a casa de mis familiares, ellos se trasladaron entre las dos y tres de la mañana de la madrugada del martes hacia el Palacio Municipal de Ixtapaluca, donde les negaron el acceso, y donde tuvieron que enfrentarse a empujones, burlas y humillaciones del personal en turno para poder hablar con los servidores públicos que correspondiera.
El señor Eduardo Velásquez y la Señora María Teresa García, acudieron ante el juez Lic. Fernando Reyes, quien sin ningún documento oficial, o recibo o constancia legal, solicitó la cantidad de mil pesos para recuperar mi libertad, con base en las calumnias de los policías que me privaron de mi libertad e intentaron sobornarme, omitiendo además información esencial como nombre de la falta administrativa y hora de detención, sin presentar documentos que lo atestigüen, y encubriendo el abuso de autoridad, el intento de extorsión, las inconsistencias en la acusación y las circunstancias en las que se realizó la detención, imputando dolosamente un cautiverio de veinticuatro horas o una cantidad de mil pesos sin pruebas y sin delito que perseguir. Según las calumnias de los policías (quienes no me permitieron ver el número de patrulla ni sus identificaciones), había sido detenido porque una mujer anónima lo había solicitado al sentirse intimidada por un presunto exhibicionismo que yo estaba ejerciendo, acusación totalmente falsa e imputada intransigentemente.
Cabe señalar que varias de las personas detenidas se encontraban en las mismas circunstancias: arbitrariamente habían sido levantadas por los policías y su libertad costaba la misma cantidad, la mayoría eran muy jóvenes y no tenían ningún antecedente penal, por lo cual los familiares cedían a las acusaciones imputadas y pagaban la cantidad solicitada.
Yo me negué a que mis familiares cedieran ante la extorsión y así transcurrieron otras 10 horas sin probar alimento o beber agua en una condición denigrante con el único beneficio de poder recibir una cobija del exterior que proporcionaron mis familiares.
El martes 29 de enero, desde muy temprana hora, mis seres queridos procuraron recibir asesoría jurídica de organismos municipales, sin embargo, no existe registrado en el servicio de información telefónica ningún número de atención ciudadana en Ixtapaluca, lográndose contactar únicamente a la Contraloría del Municipio, donde debido al protocolo administrativo se obstaculiza la identificación de los responsables y su denuncia, siendo únicamente el juez Lic. Fernando Reyes el identificado, quien conoce a los demás involucrados y los protege.
Después de recibir mejor asesoramiento por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde también se levanta la presente denuncia, mis familiares acudieron al Palacio Municipal alrededor de las tres de la tarde para facilitarme alimentos, y a hacer constancia de las irregularidades del caso en un ambiente de encubrimiento y de sospechosa colaboración entre servidores públicos, quienes obstaculizaron en todo momento y de muy diferentes formas el acceso a información y la impartición de justicia, incurriendo en un delito al privarme de mi libertad sin justificación y utilizando los mecanismos oficiales para inculparme, protegiéndose y manipulando información falsa para imputarme una sanción administrativa.
Aunque el juez en turno intentó legitimizar las desiciones arbitrarias de su predecesor, el Lic. Reyes, y aunque negó rotundamente que alguien hubiese solicitado mil pesos sin haber estado presente o atestiguar el hecho, pude recuperar mi libertad después de 20 horas de cautiverio institucional, sin recibir ningún documento comprobatorio del delito cometido en mi contra que fue encubierto por las autoridades y disfrazado de falta administrativa, gracias a la solicitud extraoficial de un colaborador del Municipio cuya identidad me reservo para protegerle de futuras represalias.
Por los hechos descritos anteriormente quiero sentar precedente de las siguientes anomalías e inconsistencias del caso:
1. Que soy una persona que se ha destacado dentro de su comunidad por sus valores humanistas y artísticos, y que he contribuido con el fomento de la cultura a través de mi labor como músico y profesor de arte, por lo cual niego rotundamente las declaraciones calumniadoras de mis acusantes y solicito que se les investigue y sancione.
2. Que fui hostigado por un servidor público, en un espacio íntimo de un establecimiento privado, y que dicho elemento de seguridad municipal me abordó como verdadero delincuente y me sacó con amenazas y gritos del establecimiento, sin que exista constancia de que alguien solicitó el apoyo.
3. Que el elemento de seguridad que me retuvo, en complicidad con su compañero, me imputó una acusación falsa que puso en riesgo mi integridad física y moral, y que me mantuvo en cautiverio, como venganza a que me negué a ceder a sus presiones e insinuaciones de soborno, impidiendo también entre ambos que pudiera identificar el número de patrulla.
4. Que la detención se realizó mediante una modalidad de extorsión oficial que involucra el hostigamiento, la intimidación, la calumnia y el abuso de poder de funcionarios públicos, y que fue consumada con veinte horas de encierro y un trato indignante sin la posibilidad de defenderme.
5. Que los miembros de la policía municipal actúan impunemente bajo el amparo de la misma ley, realizando detenciones arbitrarias, seleccionando víctimas solitarias, menores de edad, jóvenes en situación de riesgo y personas con determinada apariencia física, como lo demuestra una ola de abusos ocurridos entre varios vecinos de la colonia Tlayehuale.
6. Que dos diferentes jueces omitieron las insinuaciones del policía dentro del sanitario y su hostigamiento, así como las amenazas para obtener dinero de mi persona, y que promovieron mi traslado a las galeras del municipio, sin considerar la inexistencia de la supuesta denunciante.
7. Que la Contraloría y otras dependencias relacionadas del Municipio de Ixtapaluca, solicitan como requisito a mi denuncia información que desde el origen me fue vetada como el número de patrulla, y la identidad de los oficiales.
8. Que el juez Lic. Fernando Reyes actuó con dolo en mi contra, ignorando mis garantías como ciudadano mexicano, y valiéndose de una acusación imputada por servidores públicos anónimos que en todo momento fueron protegidos y encubiertos por él, justificando de varias formas su proceder y legitimizando a través de su autoridad las inconsistencias en el protocolo administrativo.
9. Que al realizar esta denuncia temo por mi integridad física y moral, al reconocer que el sistema de impartición de justicia en el Municipio se sustenta en procedimientos sospechosos e impunes.
Sin otro particular, solicito atentamente la investigación de los hechos y la sanción a los diferentes servidores públicos involucrados en la privación de mi libertad, y los señalo como responsables directos en caso de cualquier represalia cometida en mi contra.
MARCO ANTONIO VELÁZQUEZ GARCÍA
Músico, compositor y pedagogo artístico.
TESTIGOS:
María Teresa García Eduardo Velásquez José Alberto Patiño
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